Sobre ReclamaTusFondos

En febrero de 2026 detecté cargos que no reconocía en mi tarjeta. Lo único que quería en ese momento era bloquear la tarjeta y notificar al banco. Nada más.

Lo que vino después no lo esperaba.

Me cambiaron el número de caso sin explicación. Pasaron días sin respuesta. Cuando respondían, pedían más documentación — diferente cada vez. El proceso se fue alargando de una forma que, con el tiempo, dejó de parecerme descuido y empezó a parecerme intencional.

En algún momento me pregunté: ¿por qué una institución financiera trabaja tan activamente para que yo no persiga un reclamo legítimo?

Eso me hizo empezar a investigar.

Encontré la Ley 20.009. Encontré el Dictamen Interpretativo de SERNAC de febrero de 2026. Encontré que la carga de la prueba no es del consumidor — es de la institución. Que no pueden rechazar unilateralmente. Que si alegan culpa del consumidor, deben probarlo ante un tribunal.

Nada de eso me lo había explicado nadie. Y mientras yo no lo sabía, ellos sí.

Cuando empecé a citarles la ley — a hacer las preguntas correctas — el tono cambió. Ya no era demora ni burocracia. Me amenazaron con acciones legales. Me dijeron, en términos explícitos, que yo estaba intentando abusar del sistema.

Yo era el cliente. Había sido víctima de fraude. Y la institución me estaba amenazando por conocer mis derechos.

En ese momento entendí que esto no era un caso aislado. Y que el modelo funciona precisamente porque la mayoría de las personas no llega hasta ese punto — no por falta de razón, sino por falta de información.